Declaración del 11 de diciembre

En Madrid, a once de diciembre de dos mil diez, reunidos compañeros y compañeras de Andalucía, Aragón y Madrid, en la sede de la Unión General de Trabajadores (Avenida de América, 25) DECLARAN

Como socialistas no podemos aceptar las imposiciones de los llamados Mercados (bancos, banqueros y fondos de inversión, entre otros). Vivimos un momento de nuestra historia, en la que, en general, los gobiernos de las naciones del mundo, han pasado a ser meros gestores de los intereses del capital. Ningún gobierno, en general, hace frente al capital y toma medidas en representación de los intereses de la mayoría; la democracia está puesta en cuestión.
El intervencionismo en la política económica de las naciones se viene haciendo, a través de las amenazas y el antidemocrático sistema de calificación de las agencias privadas de calificación económica; a través de los movimientos especulativos en el mercado de bonos y deuda soberana; los empresarios, con la destrucción de millones de puestos de trabajo; y por la presión política de los sirvientes de los Mercados, instalados al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea, y/o los bancos centrales: Banco Central Europeo, y en el caso de España por el Gobernador del Banco de España, entre otros organismos económicos nacionales e internacionales.

Los inversores, especuladores, de todo pelaje, han roto la confianza en los productos financieros tradicionales. Al inventar productos rayanos con la estafa, como las hipotecas basura; el resultado ha sido el reventón de la burbuja que ellos mismos generaron en el sector inmobiliario; han hecho endeudarse a los estados en guerras injustas e insostenibles para la defensa de sus inversiones; y han disparado el déficit público, forzando a los gobiernos a avalar, financiar, insuflar liquidez, y a quedarse con las operaciones malogradas (activos tóxicos) de las entidades financieras. Al frente de toda esta escalada destructiva se encuentran los EEUU, que lejos de presentar una alternativa a la deriva del Gobierno Bush, el Gobierno Obama, continua en la misma línea.

Ahora buscan continuar con su insaciable apetito de beneficio, para paliar sus perdidas tras el crash de la burbuja, incrementando artificialmente los tipos de interés de los préstamos que los estados necesitan para abordar sus pagos y refinanciar su deuda. Este método no es nuevo. Ya lo emplearon, a través de los planes del FMI en la América Latina. Los pueblos de Sudamérica han pagado con la privatización de lo público aquella deuda que no adquirieron ellos, lo hicieron los gobiernos títeres sin consultarles, en ocasiones utilizando las fuerzas armadas para imponer las medidas de ajuste que se les dictaban.

Los especuladores han decidido presionar también en los mercados de futuros, metiendo presión al precio de los carburantes (los precios del crudo han subido un 35% desde  mayo de 2010 y el Brent europeo está cerca de los 100 dólares, precio cercano a los del verano de 2008, antes de estallar la crisis, además, el petróleo del mar del Norte para entregar en febrero de 2011 ha llegado a 93,85 dólares) y de los alimentos (para entregar entre noviembre de 2010 y septiembre de 2011, la oleaginosa sube hasta 70 centavos de dólar, el trigo hasta 60 centavos más y el maíz otros 30 centavos, según el mercado de Chicago).

Ellos saben que el resultado de todas esas presiones será la bancarrota de los estados y su consiguiente intervención. Esto ya se ha ejecutado en Grecia e Irlanda.

¿Qué buscan con hundir un país? Como en el continente sudamericano, buscan nuevos nichos de inversión, apropiación, en los ámbitos públicos: Privatización de los sistemas de pensiones, de la banca pública o de las cajas de ahorro, del subsuelo, la educación o la sanidad. Todo ello aunque, “a posteriori”, tengan que condonar la deuda en todo o en parte, porque este método lleva a que los interese superen al nominal de lo prestado.
Y todos esos objetivos del capital a nivel internacional no son otros que los marcos de democracia y progreso social conquistados por los trabajadores y sus organizaciones en todo el mundo. Este es el panorama a nivel internacional, por lo tanto, es un problema de la clase trabajadora a nivel internacional y sólo tendrá solución en el mismo ámbito.

La situación en España no es diferente

En efecto, la situación en nuestro país puede tomar formas distintas pero los objetivos de los especuladores, nacionales e internacionales, son los mimos. Han fijado sus objetivos en el Sistema Público de Pensiones y en las cajas de ahorro. Aunque vienen haciéndolo en la educación pública y en la sanidad pública, de ahí las palabras de miembros tan representativos como MAFO solicitando un límite de gasto a las Comunidades Autónomas, así como un mayor control, aparte de las cuentas que Salgado ha presentado a los mercados, mostrando el déficit de las autonomías, como si debería rendir cuentas a alguien más los ciudadanos.

El deterioro de la sanidad y la educación públicas, de la mano de los gobiernos de las comunidades autónomas ha generado un mercado privado, incluso un mercado privado que vive de los fondos públicos, como es el caso de la educación concertada y los hospitales de gestión privada; la concertación es la herramienta que los especuladores han usado para la privatización.

Las cajas de ahorro han constituido durante siglos una red de servicio público que gestionaba el ahorro de los pequeños ahorradores, que a esos mimos les resolvía sus necesidades de crédito, principalmente a los autónomos y pequeñas empresas. Daban crédito a las familias, a los trabajadores, fundamentalmente para vivienda, por lo que aún hoy tienen el mayor volumen del mercado hipotecario español.
Las cajas han llegado a tener el 50% del sector financiero en este país, y esto es lo que no soportan los bancos puramente privados.
Las entidades de ahorro, hasta ahora, tenían en sus estatutos la consideración de entidades sin ánimo de lucro, yendo sus beneficios a la Obra Social y a reservas, provisiones e inversiones. Destinos muy diferentes a los beneficios de los bancos privados que destinan sus beneficios a dividendos de los accionistas, y a los enormes salarios y planes privados de pensiones de sus directivos.

En el caso del Sistema Público de Pensiones, ocurre lo mismo. El capital nacional e internacional, particularmente la grandes aseguradoras, no soportan que la ingente masa de dinero proveniente de las cotizaciones para la pensión futura no esté en sus manos. De ahí el manifiesto de los 100 economistas financiado por FEDEA.

Apropiarse de las cajas de ahorro, en las que con dinero público -12.000 millones de euros del FROB- el Banco de España ha dado la orden de cerrar un tercio de la red de oficinas, y destruir 35.000 empleos.

Trasvasar dinero de las pensiones públicas a un mercado privado de pensiones que en España no tiene éxito y si que se encuentra en riesgo, es lo que se pretende con la exigencia de los Mercados, por ello quieren devaluar las pensiones.
Dada la voracidad de los especuladores, también le toca el turno de la privatización a los aeropuertos españoles. La crisis de los controladores, no es más que un instrumento para la privatización de las torres de control y de un 50% de los aeropuertos. La cuestión no es la recaudación de dinero por parte del Estado, pues los 14.000 millones de euros que el Gobierno estima recaudar con esta operación, a penas llegará para pagar el vencimiento de la deuda del Estado del primer trimestre de 2011.

El negocio vendrá después, con la gestión privada del transporte aéreo, donde primará el beneficio sobre el servicio. Las experiencias de la privatización de los aeropuertos y el transporte ferroviario en otros países de Europa, como por ejemplo en Reino Unido, es que el deterioro del servicio y principalmente de la seguridad de los viajeros, hace que empiecen a plantearse la renacionalización. El caos aeroportuario producido por el temporal de nieve en los países del norte, donde una época de nieves es lo esperado, confirman la falta de inversión y previsión privado en un servicio que debe ser público, de gestión pública.
Estos ataques a la política económica, junto a las nefastas medidas que el Gobierno de España está tomando, y la complicidad de la Patronal española con los Mercados, de los que son parte, ha dado como resultado 4,5 millones de desempleados, la tasa de paro más alta de Europa; 2 millones de familias en las que ninguno de sus miembros tiene un puesto de trabajo; una deuda municipal de 30.000 millones de euros, que está poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

El Gobierno, acogotado por los Mercados y sus voceros nacionales e internacionales, con los medios de comunicación como cómplices necesarios, no se le ocurre otra cosa que:

• Decretar una Reforma Laboral que abarata y facilita el despido individual y colectivo, pero que no garantiza la contratación, ni la reducción de la temporalidad.
• Quitar los 426 euros de subsidio que a petición de los Sindicatos más Representativos venía dado desde hace un par de años. Y congelar las pensiones para 2011, imponiendo un empobrecimientos de los pensionistas de al menos el 2,3% (IPC a noviembre).
• Devaluar la Pensión futura de los trabajadores españoles ampliando el período de computo, y alargar el tiempo en que un trabajador puede ser explotado, alargando hasta los 67 años edad legal de jubilación.
• Amenazar con un cambio en la Negociación Colectiva, a nombre de modernizarla, de modo que se quita a los Sindicatos las materias fundamentales de la negociación sectorial, para dejar a los trabajadores solos ante su empresario directo, como si la historia no hubiese dejado claro que los trabajadores y los empresarios no estamos en igualdad de condiciones. Ese equilibrio es el que en cierta medida garantizan UGT y CCOO.

El Gobierno, que se apoya en el PSOE y en las alianzas coyunturales con algunos grupos minoritarios del Congreso, no tiene valor para paliar el déficit público incrementando los ingresos:

• Subiendo los impuestos a las rentas más altas. Pero incrementos de verdad, no estéticos de cara a la galería.
• Incrementando el porcentaje del IRPF sobre las rentas del capital en la Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), pasado del 1% actual al 19%, como la mayoría de los españoles.
• Nacionalizando, sino toda la banca, si al menos aquellas entidades a las que se ve obligado a ayudar con dinero público. Iniciativa que debiera, de tener valor, llevar al G-20 y a aquellos organismos internacionales en los que participa. La banca debiera ser pública, pues es uno de los principales protagonistas de esta crisis criminal, e incide en la vida de los ciudadanos y en el devenir de otros sectores de la actividad económica. De no ser así, al menos debe ser pública la sustentada por el erario público.
• Persiguiendo el tremendo fraude fiscal que hay en nuestro país, tanto las trampas que se hacen en las declaración de la Renta, como en la evasión de capitales, acto delictivo que está ocurriendo, aún siendo España uno de los países de Europa con menor presión fiscal.

Daño al Partido Socialista Obrero Español

El Secretario General de Partido Socialista Obrero Español, a la vez Presidente del Gobierno, ha difuminado las diferencias entre un plano y otro de la representación que ostenta. Este efecto se viene mimetizando en las cúpula dirigente del Partido y del Gobierno, hasta el punto de hacerse difícil distinguir, en las declaraciones públicas, cuando hablan en nombre del Gobierno y cuando lo hacen en nombre del Partido.

La falta de respeto al Partido y a las Resoluciones de sus congresos a llegado a el hecho inédito de nombrar un nuevo Secretario de Organización en el contexto de una remodelación de Gobierno, sin pasar a priori por los órganos del Partido. Esta situación, sin ser nueva, está alcanzando niveles preocupantes.

Muchos militantes de base y cuadros intermedios del PSOE, nos sentimos secuestrados por un grupos de compañeros, que toman decisiones desde el poder del Estado, que nada tienen que ver con el sentir de la militancia, ni de la Mayoría Social (nuestro voto natural a fin de cuentas). Decisiones que vulneran las Resoluciones congresuales.

Esta pérdida de las formas y el respeto, se palpa en la forma de gobernar. Desde el punto de vista de Tribuna Socialista, se está abusando del Decreto y la imposición.

Por lo anterior, nos mostramos contrarios al decreto del Estado de Alarma y su prórroga. Sin entrar a defender, pues no las compartimos, las formas empleadas por el colectivo corporativo de los controladores aéreos, pues nada tienen que ver con las tradiciones y la solidaridad de las organizaciones sindicales y obreras y de nuestro país, el conflicto no deja de ser un conflicto laboral, que ha de encauzarse por la vía de la negociación y el diálogo. Pareciera como si el Ministro de Fomento estuviese predeterminado a la utilización del ejército en este conflicto, pues en la anterior etapa de la negociación, hace unos meses ya aludió a la posibilidad de movilizar al ejercito si no había acuerdo. Pero aún ya con anterioridad, Blanco ofreció al gobierno de Esperanza Aguirre las tropas para resolver el conflicto de Metro de Madrid. Los Socialistas  no compartimos estas actitudes. Decía Victoria Camps que, “cuando las creencias flaquean, quedan las actitudes”. Parece que al compañero Blanco ya ni creencias (léase ideales) ni actitudes.

Los resultados de esta gestión de Gobierno, ya ha repercutido negativamente en el Partido. Ha ocurrido en Cataluña, donde los augurios más negativos de las encuestas se han quedado cortos. También la encuesta del 22 de diciembre sobre la intención de voto en Andalucía nos presenta un resultado desolador. No podemos ir de derrota en derrota.

No cabe duda que tanto por los contenidos, como por las formas, los dirigentes del Partido en el Gobierno, con sus reformas y contrarreformas, están perjudicando las opciones de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos.

No somos neutrales. Queremos que el Partido que fundó Pablo Iglesias gobierne en todos los ámbitos y en todas las administraciones. Pero para buscar el bien de la Mayoría Social, no para apoyar al Capital.

De igual modo que los sindicatos garantizan un cierto equilibrio entre el poder absoluto de los empresarios y la dependencia de los trabajadores, el Estado, representa un equilibrio necesario entre los poderosos de la sociedad y la Mayoría Social, dependiente de un salario, de una pensión, o los autónomos y pequeños empresarios, dependientes del acceso al crédito y el apoyo del Estado para su desarrollo frente a los grandes capitales y las multinacionales. Ese equilibrio pactado en el Estado de Bienestar.

Por ello, queremos que sea el Partido referencia de la Mayoría Social el Gobierne. No es un deseo romántico, es una necesidad vital. Máxime en un país en el que la oposición parlamentaria, el PP, es heredero inequívoco del franquismo criminal.

El Capital nos arrastra en su caída

El Partido Socialista Obrero Español, solo puede encontrar ser arrastrado por un sistema que tiende a agudizar sus contradicciones, y por tanto su defunción. Hoy más que nunca está en vigor la frase de la gran luchadora por la libertades que fue Rosa Luxemburgo: “Socialismo o Barbarie”.
El Capitalismo ya no genera riqueza. Vivimos en un mundo en el que el capital especulativo supera el 95% del capital circulante mundial. Por el contrario, sólo el 5% del capital que se invierte es productivo. Un mundo en el que la cotización de las acciones en bolsa sube cuando una empresa destruye empleos.
Nadie, salvo los farsantes, puede poner en duda que los conflictos bélicos tienen su origen en los intereses económicos. Los Mercados manejan las decisiones de los gobiernos, y esas decisiones traen como consecuencia muerte y destrucción. Finalizó el siglo XX con los enfrentamientos en los Balcanes y ha comenzado el siglo XXI con las guerras de Afganistán e Irak. Sin pretender menospreciar otros muchos focos de guerra que hay en el mundo. Es o no es ésto una situación de Barbarie.

Por donde pasa nuestro futuro

Los militantes de base no tenemos la responsabilidad de gobernar, ni de dirigir; no hemos sido elegidos para ello. Pero si tenemos el derecho, incluso la obligación, de dar nuestra opinión y nuestra posición política. Si alguien espera de nosotros el “silencio de los corderos”, es que no quiere cerca socialistas.
Los distintos gobiernos, desde 1976 hasta hoy, han cometido el error de desindustrializar España. Es probable que nuestro país tuviese que remodelar su industria en una nueva etapa, en un entorno transnacional y abierto, frente a la España franquista, autárquica y aislada. Pero, quizás por la pasión latina que llevamos en las venas, se les fue la mano. Incluso el señor Solbes, nada sospechoso de “izquierdista”, llegó a manifestar que “se nos había ido la mano privatizando”.

De igual manera se nos fue la mano desendustrializando. Dos ejemplos claros, entre otros, son la política respecto a los astilleros y la minería, en concreto el carbón.

España es un país con 4.000 kilómetros de costa. Históricamente éramos una potencia en la industria naval. Pero nuestros gobiernos no han sabido defender esta industria. Han prevalecido los intereses norteamericanos, que tienen situado su apuesta en la industria del acero y la construcción naval en Corea del Sur, para competir y hacer frente al desarrollo en este mismo campo a la industria naval China. ¿Tendrá algo que ver con esto el incremento bélico con Corea del Norte?

En cuanto a la industria minera, estamos dejando que se nos escape de las manos un mercado en el que podemos competir por calidad, pues el carbón asturiano o el leonés, tienen una mayor potencia calorífica que el carbón que importamos de otros países del continente europeo. En cuanto al coste de extracción o el coste comparado con el importado, ¿acaso podemos obviar las condiciones laborales en las que se extrae el carbón en países como Indonesia o Sudáfrica? ¿Por qué no defendemos nuestro producto?

Estamos de acuerdo con la unión de los pueblos, por eso celebramos que nuestro Partido fuese actor principal en el ingreso de España en la CEE, pero llegados a hoy, vemos como la UE no pasa de ser un club de mercaderes, en el que los intereses españoles, de los pueblos, están en el furgón de cola. La construcción europea de los mercaderes se basa en instituciones a su medida, por eso no hay una unión fiscal, ni hay un Estado de Bienestar a nivel europeo, mientras si se esfuerzan las instituciones europeas en proclamar y preservar la competencia libre y no falseada.

Concluir que:

A lo largo de esta Declaración hemos enunciado soluciones, medidas que un Gobierno verdaderamente socialista tendría que adoptar, dichas propuestas, junto a los relativas a la industria, y a una apuesta firme por la innovación tecnológica desde el Estado, conforman una acción de Gobierno bien distinta a la que estamos asistiendo.

Deseamos proponer a la población, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, un proyecto que represente sus aspiraciones, sus necesidades, que pasan por el rechazo al compromiso impuesto por los mercados de reducción del espacio público. No podemos renunciar a perder las próximas elecciones por un erróneo apoyo incondicional al Gobierno. Las autonomías deben realizar un proceso de renacionalización de la educación y la sanidad públicas y se debe abordar las terceras transferencias presupuestarias a los municipios.

Demandamos de la dirección del Partido respeto por las Resoluciones de los congreso y por la propia historia del PSOE.

Rechazamos los latigazos antidemocráticos, como en el caso de la expulsión del compañero Luís Úriz, del PSN-PSOE en Navarra. A quien se le aparta del Partido por emitir una opinión. Defendemos la libertad de opinión y libre expresión.

Sugerimos la retirada de la financiación a la Iglesia y a todas las organizaciones que no tengan una aportación real a la vertebración de la sociedad, y un mínimo aval democrático.

Proponemos la retirada de las tropas de Afganistán, y de todos los conflictos bélicos en los que España solo tienen un papel subsidiario, en función de necesidades de la Administración de Estados Unidos.

Solicitamos un plan de urgencia contra el paro y la destrucción de la industria. Tomando las medidas necesarias, incluyendo las nacionalizaciones, para evitar el terrible efecto para la economía del país, sobre todo para las cuentas públicas, el efecto del paro, los ERE y ERTE y la desindustrialización.

Exigimos la retirada de la Reforma Laboral –Ley 35/2010-. Así como que no se acometan las reformas del Sistema Público de Pensiones y de la Negociación Colectiva.