Carta abierta a los trabajadores de la función pública

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En defensa de la función pública, en defensa del Estado de Bienestar

Ni un recorte, no más privatizaciones

No pasa un solo día sin que las “agencias de calificación”, los bancos, el FMI, la UE no reclamen recortes drásticos en nombre de atajar el déficit de las administraciones locales y regionales. Antes del 22 de mayo los voceros de los mercados avisaban: ganase quien ganase las elecciones el programa a aplicar era el de los recortes. Durante la campaña electoral pudimos oír como Salgado se sumaba a ese programa. Tras los discursos de toma de posesión, los trabajadores de todas las administraciones y Servicios Públicos están amenazados por la generalización de esta política en pos de la reducción de la deuda como ya ha ocurrido en Murcia o Cataluña. Pero la mayoría social no se ha quedado parada.

Desde el pasado año venimos presenciado movilizaciones sin precedentes en Murcia, concentrando más de 50.000 personas contra las reformas del gobierno Valcárcel. El 14 de abril, decenas de miles rodeaban la Generalidad de Cataluña contra el plan de recortes de los Servicios Públicos del gobierno Mas, el 14 de mayo más de cien mil recorrían las calles de Barcelona y el 15 de junio miles rodeaban el Parlamento autonómico negando a los diputados el derecho a votar la reducción presupuestaria del 10%, contrario a sus compromisos con los electores. Este 24 de junio, medio millar de trabajadores de la educación se han concentrado frente al departamento de Educación del Gobierno de Navarra para rechazar los recortes.

Está claro, la mayoría social rechaza los recortes y no dudan en salir a la calle junto a sus organizaciones, para evitarlos y el 22 de mayo, la base social del PSOE nos lo ha dejado claro: no debemos, en nombre del socialismo, participar en la política de destrucción del Estado de Bienestar, política a la que Zapatero cedió el 2010 por las presiones del presidente de EEUU y la Unión Europea, aplicando el plan de ajuste diseñado por esas mismas instituciones.

Una estrategia internacional

Los mercados, el capital, tienen su hoja de ruta clara. Llevan lustros presagiando la inviabilidad del Estado de Bienestar junto a una cruenta campaña de desprestigio de los sindicatos. En un editorial de la revista The Economist, el pasado 6 de enero, podemos leer una auténtica hoja de ruta sobre la necesidad de desmantelar ese “leviatán” que es el Estado. The Economist alertaba del peligro que suponen los sindicatos del sector público, sobre todo allí donde la afiliación es doble, al sindicato y a los partidos socialistas.

Lo que no se podían esperar los mercados es el rechazo de los trabajadores de la función pública a nivel mundial, incluido los Estados Unidos. En Wisconsin los trabajadores del sector público han protagonizado una lucha contra las reformas planteadas por el gobernador Walker, calco de los planes y los argumentos empleados en todos los países (para saber más consulta la editorial del número 20 de Tribuna Socialista). Pero no ha quedado ahí pues importantes sectores sindicales de todo el país les han secundado, llegando a plantear la necesidad de una representación política independiente.

La asfixia de las administraciones públicas españolas

La merma de los presupuestos del Estado en 2010 y sobre todo en 2011 ha afectado gravemente a todas las administraciones. Ya en mayo de 2010 ZP restringía la financiación municipal y este año ha detraído miles de millones a las autonomías por un doble camino: exigir supuestas deudas y aplazar el pago de miles de millones comprometidos por el Estado, después del timo de la “financiación autonómica”, que condenaba a la anemia a los Servicios Públicos.

Todo esto en una situación de asfixia estructural al que la Ley del Suelo condenaba a los municipios, empujados a la recalificación de terrenos como fórmula para la dotación de fondos que permitieran acometer las responsabilidades que se acumulaban en el ámbito municipal. La crisis del ladrillo agravó la situación sin que se haya derogado dicha ley, ni se doten de fondos necesarios a los ayuntamientos.

Los despidos encubiertos se han generalizado. Las prestaciones han caído gravemente en la sanidad. Las universidades tienen que cerrar ramas de estudio, especialidades, optativas. Todo ello antes de la gran ofensiva actual “contra el despilfarro” de los ayuntamientos y autonomías. Parece ser que no es despilfarro el coste del happening del Papa, ni los 14 millones mensuales de la guerra de Libia, ni las decenas de miles de millones de dinero público invertido para regalar las cajas a Botín, Rato y otros especuladores.

Recortes en Murcia

El gobierno de Murcia comenzó la avanzadilla generando un rechazo frontal de los trabajadores de la función pública, cuando a finales de diciembre de 2010 la Asamblea Regional aprobó la Ley 5/2010 para ahorrar 300 millones de euros “en el marco de las obligaciones asumidas por España en el ámbito de la Unión Europea y en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de junio de 2010 para la reducción del déficit”.

Suspendiendo 16 acuerdos firmados por los sindicatos, pretendía aumentar la jornada laboral desde 35 horas hasta 37:30 horas, introducir la movilidad forzosa, la anulación del 15% de la homologación de los salarios del personal de administración y servicios de la Comunidad Autónoma, la rebaja en el 10% de las percepciones por guardias y turnicidad del personal sanitario, la anulación de las aportaciones al Plan de Pensiones, el paso del cómputo de licencias y permisos de días hábiles a días naturales, la eliminación de la mayoría de prestaciones del Plan Social (ayudas por nacimientos de hijos, de hijos menores de tres años, ayudas para estudios….), la no retribución de la formación en horario de trabajo, la posibilidad de redistribución forzosa de efectivos, la reducción al 75% del salario en las situaciones de enfermedad común o accidente no laboral, la incorporación a su puesto de trabajo de parte de los liberados sindicales, la no convocatoria de oposiciones y de hecho la ralentización o paralización de las sustituciones.

Durante meses los trabajadores de Murcia han hecho manifestaciones hasta de 50.000 y 60.000, con sus sindicatos, mientras los medios de comunicación las ocultaban. Además, tenemos que señalar que los dirigentes confederales de UGT y CCOO no se manifestaron, nítidamente, contra todo recorte oyendo el clamor de la población murciana.

Sin comprometerse con las medidas concretas, Zapatero declaró: “Valcárcel ha cumplido, aun a costa de consecuencias sociales delicadas”. El PP murciano se escudaba en Zapatero, aunque tras el 22M los demás dirigentes autonómicos han mostrado como no necesitan aliciente alguno para recortar.

Retellades en Cataluña

El gobierno de CIU en Cataluña ha aprobado el día 15 en un parlamento rodeado, un presupuesto que conlleva un recorte presupuestario del 10%, que afecta principalmente a Sanidad, Enseñanza y Servicios Sociales. A los trabajadores de la administración autonómica se les reducirán las retribuciones indirectas que junto a la reducción del 5% del salario y la congelación  de este año, sufrirán una perdida de poder adquisitivo de los salarios en torno al 18% en tan solo dos años.

Pero eso sólo es el principio, el recorte de 1.000 millones supone: el cierre de 40 hospitales comarcales, la reducción de camas hospitalarias, quirófanos, ambulancias; aumento en las listas de espera, carencia de personal en las especializaciones, retrasos importantes en las pruebas de diagnósticos, y aumento del paro en el sector. Solo en el colectivo de enfermeras ha aumentado el paro en mas de un 21% en tan solo en un año, un sector que gozaba del 100% de ocupación según el Col·legi d’ Enfermería de Barcelona (COIB), las medidas adoptadas por la Generalitat afectarán al 81% del colectivo de enfermeras e influirá negativamente a los usuarios de la sanidad publica, según el organismo mencionado mas arriba que, tiene afiliadas a 33.000 de las 42.000 enfermeras de Cataluña.

La enseñanza pública no sale mejor parada, se convocaran 2.000 plazas menos de profesores no universitarios, con las consiguientes masificación de las aulas, situándose por encima de la ratio del resto del estado, los recortes afectaran en un 20% a los gastos corrientes, agua, luz electricidad, gas o material educativo, las actividades extraescolares se vera mermada con 800.000 € menos, esta  situación junto con la bajada de los sueldos deja a la enseñanza pública cada vez mas en precario.

Pero todo no queda aquí. La reclamación de la Generalitat para que el Gobierno de Zapatero le haga el traspaso de competencias en los trenes de cercanías de Renfe y del Aeropuerto de Barcelona es con el objetivo de acometer las privatizaciones de estos sectores desde la Plaza de Sant Jaume y poder así, repartir favores y beneficios entres los especuladores que el gobierno catalán tiene mas cercanos.

Los más amplios sectores de la sociedad catalana se han manifestado contra “les Retallades”, con maestros, enfermeras y estudiantes unidos en un mismo propósito, defender los derechos conseguidos con años de lucha. Los dirigentes de CCOO y UGT, desbordados por la masividad de las convocatorias que habían promovido, exigieron negociación a Mas y prometieron continuar la movilización, pero de hecho la han dejado. Los trabajadores han utilizado las convocatorias del 15M al Parlament y sobre todo las del día 19 de junio, para volver a reclamar masivamente el fin de los recortes. Pero ahora, en cada localidad y sector los trabajadores se defienden, buscan apoyo, sin la cobertura de una ofensiva general de las organizaciones políticas y sindicales.

Recortes generalizados

En Castilla la Mancha, asistimos a la puesta al día y recuperación del tiempo perdido por parte de la señora Cospedal, que con los comunicados sobre la situación de las arcas de Castilla-La Mancha han generado un estado de alarma entre los empleados públicos, para situarles en la política de tijera y más tijera. El PP prepara su acción de Gobierno contra el Estado del Bienestar eliminando los mecanismos de control que pudieran ejercer cualquier tipo de contención.

La misma situación se vive en la Comunidad de Madrid, en la que la señora Esperanza Aguirre, prepara un ataque definitivo a los Servicios Públicos, para dar la puntilla a Telemadrid (a pesar de estar secuestrada por su Gobierno desde hace al menos 8 años), pretender privatizar el Canal de Isabel II, una empresa pública que da beneficios, y que constituye una elemento cultura y de salud de los madrileños y madrileñas, pues el agua de Madrid es de gran calidad.

El Gobierno Navarro propone reducir en 200 personas las plantillas de los centros de educación y aumentar el horario lectivo de los docentes de 17 a 18 horas entre otras reformas que ha recibido el rechazo de los sindicatos en unidad, con fuertes movilizaciones.

Los mercados exigen y el Gobierno de Zapatero aplica

Lo planteado debería ser suficiente para provocar un giro en la situación política, rechazando a Valcárcel o Mas en las elecciones del 22 de mayo. No ha sucedido así porque el principal impulsor de las reformas es el Gobierno de Zapatero, Rubalcaba, Chacón, Salgado y a su zaga el PSOE, que allana más el camino a la derecha  y da alas a los gobiernos conservadores y de la derecha (CIU, PP) para profundizar las agresiones contra el Estado de Bienestar.

En realidad, el grueso de la deuda “española” es privada, de las entidades financieras y la empresa privada (sobre todo constructoras), 110% y 140% del PIB respectivamente, frente a sólo el 63% del PIB de la Administración Pública. El grueso de esta deuda pública es de la administración central, y las cifras globales de endeudamiento no cambiarán mucho por algunos déficit ocultos que afloren en las administraciones periféricas. Toda esa agitación es un pretexto de los especuladores para apostar contra “España” y saquear los Servicios Públicos.

La mayoría necesita instrumentos para rechazar los recortes

Los socialistas debemos ayudar a la mayoría social a echar atrás los recortes y esta reivindicación es incompatible con el mantenimiento del Gobierno de Zapatero y Rubalcaba. Es urgente un Gobierno socialista que no sea pelele del FMI y de la UE.

No es posible rechazar los recortes si entramos en la dinámica de los mercados, en la dinámica de aplicar las reformas de manera gradual, equitativa o pactada, para “recortar los recortes”. Debemos señalar que nuestras organizaciones están en esta dinámica. Las exigencias de la mayoría social nos obligan a indicar la anulación de lo estipulado en el Acuerdo Social y Económico sobre desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, pues se trata de un instrumento para la reconversión y el desmantelamiento del conjunto de administraciones y Servicios Públicos.

La defensa de los Servicios Públicos exige un plan de emergencia frente a la crisis que incluya:

• anular las reducciones salariales,
• aumentar las plantillas en lugar de reducirlas,
• detener los cierres y abrir nuevas instalaciones,
• recuperar todo lo externalizado y privatizado,
• echar a los parásitos privados y absorber los sectores concertados.

Lo que proponemos dista mucho de la campaña de las Global Unions y su propuesta de “transparencia en la financiación, definir prioridades en la prestación de servicios, garantizar la protección de los trabajadores …”, ¿acaso no es esto aceptar la privatización y los recortes? CCOO y UGT ya se han sumado a esta campaña. ¿No es incompatible esta campaña con el compromiso de nuestros sindicatos de defensa de los Servicios Públicos?

Pero la cuestión sindical no está aislada, es clave como pieza de una política socialista y sabemos que es necesario, junto con la militancia sindical, el desarrollo de una lucha política independiente, socialista obrera. Las movilizaciones del 15M muestran que existe un descontento social, la posibilidad de movilización y la falta de una representación política de la mayoría social, puesta en cuestión por el Gobierno de Zapatero tras el 12 de mayo de 2010 y confirmada por los resultados electorales del pasado 22M.

Los militantes en torno a Tribuna Socialista compartimos la necesidad de otros muchos de realizar un Congreso para plantear el rechazo a los recortes, animamos incluso a la afiliación. Tenemos claro que si nuestros partidos y sindicatos no los rechazan sin más, la mayoría está desarmada.

Por ello, llamamos a los militantes y sindicalistas, a quienes están movilizados por la defensa de los Servicios Públicos, a ayudarnos en la organización de la defensa de nuestros intereses y por la unidad de nuestras organizaciones en la consecución de un plan de emergencia frente a la crisis y un rechazo a los recortes.