Que paguen los responsables de la crisis

Editorial del número 15

Son ya muchos los meses que han pasado desde que en 2007 se iniciara la actual crisis económica que ha puesto en evidencia las consecuencias de los desmanes de los especuladores. Unos desmanes que sólo son posibles en un sistema económico basado en la generación de beneficio individual, en detrimento de lo colectivo. Tras estos meses, algunos hablan de “brotes verdes”… para quienes han generado la crisis, pero negros nubarrones para la mayoría social.
Parece que existe unanimidad en que esta crisis es sistémica y no cíclica, nadie parece discutirlo. Tratamos entonces con una crisis del sistema, que no es capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría social (la FAO indica que este año registra el mayor número de personas en el mundo que pasan hambre desde 1970, del orden de 1.020 millones) y que está destruyendo la actividad productiva (las previsiones para el PIB mundial anual han variado desde datos en positivo de finales de 2008, hasta cerca del -1%, en función de la fuente, en marzo de este año, hasta el -1,1% del FMI en octubre). Pero desde los organismos económicos y políticos internacionales sólo se apuntan medidas de “control”. Y nos preguntamos: ¿A quiénes?, ¿por quiénes?
Han sido desde el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el Banco de España, entre otros, donde se han diseñado las políticas económicas que nos han traído a la crisis actual, en su obsesión por desregulación de los mercados y de todo aquello que fuese un obstáculo a la especulación, en lo que se ha llamado “neoliberalismo”. Nos preguntamos: ¿son ellos mismos los que nos van a sacar de la crisis?, ¿con qué recetas? Realmente no se propone nada nuevo. En resumen, mientras haya crisis, que paguen los trabajadores para garantizar que sus representados mantienen el mismo nivel de obtención de beneficios. Y cuando vuelva la normalidad, que los trabajadores se moderen y se ajusten sus salarios para consolidar la bonanza. Pero ¡qué estafa es ésta!
El Gobierno Socialista en nuestro Estado está acertando en su posición de no ceder a las presiones de esas mismas entidades para abaratar el despido. Y debe mantener con firmeza su posición de garantizar los derechos sociales, a pesar de las presiones que vienen de quienes trabajan para las multinacionales, incluso de afiliados a nuestro partido. El Gobierno no debe romper con Méndez y la UGT, ni debe desmantelar el Estado de Bienestar.
Pero la simple resistencia a largo plazo no es suficiente. Hoy son 700.000 los trabajadores que se benefician de la medida, escasa pero correcta, de subsidiar con 420 euros a quienes agoten la prestación y no hayan encontrado un empleo. ¿Pero qué ocurrirá cuando esos 700.000 seamos 1,5 millones? Este país no puede resistir varios años con niveles de cuatro o cinco millones de parados y es importante recordar que la Mayoría Social tendrá en cuenta las políticas para reducir el paro y crear empleo, para evitar el aluvión de despidos, para evitar la reducción de derechos. Esto la socialdemocracia alemana lo sabe bien.
El Estado se encuentra en una situación presupuestaria complicada por la crisis, que conlleva menores ingresos por destrucción de la industria (el Indice de Producción Industrial se ha reducido en un 12,5% en un año) y empleo (4.123.300 de desempleados a 23 de octubre según el INE) y mayores gastos, como las ayudas a los bancos (entre compra de activos y avales materializados, 122.500 millones más los 99 millones a disposición del FROB, teniendo en cuenta que se ha empleado sólo en parte) y también las iniciativas para recuperar empleo del Plan E. Todo esto ha dejado al Gobierno, como señalara el mismo Solbes antes de su marcha, sin mucho margen de maniobra, si bien Elena Salgado mostró a su llegada un desacuerdo con esta opinión y el Plan E es una pequeña muestra. Pero los datos nos muestran que el déficit estatal había aumentado cinco veces desde septiembre de 2008, hasta los 62.780 millones de euros (5,6 % del PIB), con un aumento de los pagos en un 22,6 % y una reducción de ingresos en el 22,5%. Por ello, el Gobierno ha propuesto la subida de impuestos indirectos que según las estimaciones supondrán un 5,3 % (tras las entregas a las Administraciones Territoriales), pero los castigados aquí serán los trabajadores. De todos modos, este aumento impositivo se muestra insuficiente teniendo en cuenta la situación de millones de trabajadores y la destrucción industrial, para un período a largo plazo. Es necesario que el Estado cuente con más fondos y que estos sirvan para dar la vuelta a la tortilla de la desregulación de los mercados que nos ha llevado a esta crisis.
El G-20, el G-8 el G-… no parecen dispuestos a controlar los “paraísos fiscales”, se conforman con un maquillaje. Y es allí donde se concentran grandes cantidades de dinero, que los capitalistas han sacado de la actividad productiva al inicio de la crisis esperando mejores tiempos, que incluso provienen de negocios deplorables como la trata de personas, la venta de armas, las drogas, etc. Estaría bien acabar con esta lacra y los inspectores de Hacienda claman contra la directiva europea que los protege, pero ¿de qué serviría terminar con dichos paraísos si se consienten otros lugares o fórmulas en las que invertir sin tributar y sin rendir cuentas, como por ejemplo las SICAV?
El Estado necesita esos fondos para levantar la economía y el empleo. Pero las directrices que la Comisión Europea ha impuesto en la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2010, con una restricción del gasto público, contribuyen a deprimir la actividad y el empleo. Esas directrices son un gran error. Hay que decir que, a pesar del recorte de transferencias estatales, las autonomías socialistas mantienen el gasto, a diferencia de las del PP (especial atención a Euskadi, que también recorta). Pero la asfixia de las administraciones y servicios públicos, la pérdida de empleo, en particular de los ayuntamientos, claman una política que no ponga cuotas al déficit, así lo requiere esta situación de recesión.
Los presupuestos para el Estado de 2010 han recogido esa petición de Bruselas. Consideramos que es un error y ahora ¿permitirá crear empleo el lanzamiento de la Ley de Economía Sostenible?
Y ahora arrecian las presiones por reformas estructurales. Así es como los cobardes al servicio de ese sistema, que ha fallado, llaman a las reformas laborales. En lugar de abaratar el despido, de rebajar las pensiones futuras, de incrementar las posibilidades de contratación, en una pertinaz búsqueda de abaratar los costes laborales a cambio de más precariedad, antes de rebajar los salarios de los trabajadores, antes de todo esto, el Gobierno tendrá que tomar medidas, ¡claro que tendrá que tomarlas! pero para obligar a los empresarios a que, al menos, reinviertan en sus propias empresas, para que no las descapitalicen, para consolidarlas en lugar de llevarse los beneficios a esos paraísos fiscales. Esos hipócritas al servicio de ese sistema, que no funciona, están muy preocupados por el Índice de Precios al Consumo (IPC), tanto si sube como si baja. ¿Qué dijeron cuando el sistema transformó la peseta en euro y se dispararon los precios? Los trabajadores no hemos vivido una subida de la inflación real semejante.
Alguien debería recordar al empresariado español que en el quinquenio 2002/2007 han estado batiendo récord de beneficios, obteniendo cuatro veces más cada año que la media de los empresarios de la UE-15. ¿Dónde está ese dinero?. Mientras esto ocurría los trabajadores españoles cobrábamos y aún cobramos por debajo de la media de los trabajadores europeos, que tienen razón cuando reclaman una “reforma empresarial” que les quite el derecho a despedir.
El Gobierno debería abordar una reforma fiscal de mayor calado, en la que se suba la presión fiscal a los que más ganan, con la que se ponga la tributación de las SICAV al nivel de cualquier renta del capital. También se debería incrementar la presión en la lucha contra el fraude.
De este modo quizás, nuestro Gobierno, podrá resolver, poco a poco, la desastrosa situación de la financiación municipal, podrá garantizar las pensiones, la sanidad, la educación, en unos niveles que se correspondan con la octava potencia económica.
El problema, por tanto, no se va a resolver con establecer unos controles estéticos a las entidades financieras y a las multinacionales, el problema tendrá visos de solución cuando se establezcan unas reglas del juego que garanticen la desaparición de la precariedad económica y laboral de los trabajadores; cuando se garantice una sanidad pública, de calidad.; cuando se garantice una educación pública de calidad, laica y gratuita; cuando se garanticen, amplíen y mejoren la pensiones. En definitiva, el problema se resolverá cuando se ponga coto al beneficio individual. Y para eso, hay que hacer reformas, no como proponen los mismos que hoy nos han traído hasta este punto, sino reformas en beneficio de la mayoría social, asignando fondos suficientes junto a los provenientes de una reforma fiscal a levantar la economía del país y crear puestos de trabajo. El PSOE debe hacerse defensor de estas reformas.

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